Desde que la Fundación VCF se convirtiese en el máximo accionista del Club, momento que (casualmente) coincidió con la destitución de Mariola Hoyos (hija de D. Melchor Hoyos) como presidenta de la misma, lo cierto es que parece que las dudas son constantes en relación al proceso que terminó con la mayoría accionarial en manos de una institución que parece no tener que rendir cuentas a nadie.
Társilo Piles, presidente de la Fundación VCF, firmó un crédito concedido por Bancaja a la citada Fundación de 75 millones de euros, con el objetivo de adquirir todas las acciones sobrantes tras el cierre de la primera ronda de la reciente ampliación de capital del VCF.
Sin entrar a valorar los motivos que llevaron al Consejo de Administración (presidido por D. Manuel Llorente) del VCF a dar disponibilidad de compra de ese paquete accionarial a la Fundación y, si se me permite, dejando a un lado el (impactante) asunto de que los patronos (algunos) ni siquiera constasen como tal en el momento de la compra, procede dar algunos detalles sobre el famoso crédito de 75 millones de euros.
En el citado crédito, constan como una suerte de avalistas y/o "prescriptores" (es decir, dando su beneplácito) tanto la Generalitat Valenciana como el Instituto Valenciano de Finanzas. El importe es de 75 millones de euros y "la fiesta" sale (hasta que se deba empezar a amortizar) a la módica cantidad de unos 3'6 millones de euros anuales.
La Fundación del VCF (consulten la legislación vigente en nuestro país) no puede recibir el dinero correspondiente al pago del crédito del Club, por tanto, D. Manuel Llorente y su consejo pueden mirar hacia otro lado. Así pues y hasta la fecha, la Fundación VCF que preside D. Társilo Piles, no puede hacer frente a sus obligaciones económicas, a no ser, claro, que los miembros del patronato decidan pagarlo de su bolsillo, circunstancia esta última, que no por filantrópica y valencianista deja de ser utópica.
El siguiente paso, sencillo. Si no se hace frente al pago, o si no aparece un paisano al que "convencer" para que se haga cargo del pago, los bancos harían lo que a cualquiera que no paga: ejecutar. El problema es que hay un detalle que hasta hace poco desconocíamos y es que, al margen de los avales citados anteriormente, el crédito está garantizado con las acciones del VCF que posee la Fundación.
La situación es sencilla, o pagan los patronos, o encuentran a alguien que pague, o las acciones del VCF pasarán a ser propiedad de Bancaja y sería la entidad financiera quien, a su libre criterio, decidiese qué hacer con ellas en un sentido o en otro.
Éste es el resultado del celebrado proceso de "democratización" del VCF.
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